El 1 de mayo de 2007, en vísperas de cumplirse el primer año de los criminales hechos en Atenco contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y demás adherentes de la Otra campaña, 11 compañeras y compañeros presos fueron trasladados en la madrugada del penal de Santiaguito al de Molino de las Flores. Ése mismo día se repitieron actos de represión en San Luis Potosí contra opositores a la Minera San Xavier, las Juntas de Buen Gobierno zapatistas reportaron nuevas agresiones, esta vez de la OCEZ, y se continuaron denunciando agresiones a los compañeros de Regeneración Radio/Radio Pacheco, del CCH Vallejo. El 16 de mayo la familia de Lilia García Penagos era amenazada de muerte “por participar con los zapatistas” en San Cristóbal de las Casas. Finalmente, al menos por ése mes, el día 23 la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, en Puebla, denunciaba que Rodrigo Santiago Hernández había sido víctima de brutalidad policiaca.
En junio, a las denuncias de ataques y agresiones de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas por parte del gobierno perredista de Chiapas se sumaron a los reportes de abusos de poder en Tlaxcala por parte del ayuntamiento petista (también integrante del Frente Amplio Progresista lopezobradorista) de Apizaco; de desalojo violento por parte del gobierno priísta de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, a favor de la familia Faisal, terratenientes que han venido despojando de sus tierras por la fuerza a los pobladores de Lomás del Dorado y Tzocohuite, y de hostigamiento, privación ilegal de la libertad y tortura en contra de Jonathan López, adherente del colectivo El Paso del Caracol, quien había ido a Colima a solidarizarse con las y los compañeros de La Yerbabuena.
Las Juntas de Buen Gobierno de Oventic y La Garrucha sumarán nuevas denuncias al cúmulo que ya ha reportado la JBG de La Realidad, incluyendo la agresión a dos promotores del Sistema de Salud Autónomo Zapatista por paramilitares perredistas de la comunidad La Ventana, el 8 de julio. Cuatro días más tarde, Eva Carrillo Vega, señora mayor kumiai de San José de la Zorra será secuestrada, más que detenida, por la policía de Rosarito, en Baja California, acusada injustamente de despojo nada más y nada menos que a un finquero de nombre Mariano Sandoval.
Llegamos al final de la primera mitad del año. Para estas alturas, los colectivos, organizaciones y pueblos a ser agredidos durante los siguientes seis meses han sido prácticamente alcanzados por los tentáculos de las fuerzas represivas del Poder, siendo los pueblos indios, los grupos y organizaciones de mujeres y los colectivos de jóvenes los más golpeados. La identidad de los agresores tampoco variará mucho, se tratará o bien de policías y soldados de las eufemísticamente llamadas corporaciones guardianes del orden o de grupos paramilitares; siempre bajo las órdenes de funcionarios disfuncionales de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, y bajo los colores partidistas del PAN, el PRI y el PRD.
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