Aristegui, Cacho, Llamas... Que por nosotr@s no quede.

El pasado 4 de enero la periodista Carmen Aristegui, conductora del informativo matutino Hoy por Hoy, se despidió del auditorio que desde enero de 2003 le acompañó de lunes a viernes y de 6 a 10 de la mañana en el noticiero producido por Televisa Radio y Grupo PRISA para Cadena W Radio. Y es que sus dueños, Emilio Azcárraga Jean e Ignacio Polanco Moreno, decidieron no renovar el contrato a la dos veces Premio Nacional de Periodismo porque la línea seguida en estos cinco años por Aristegui de pronto dejó de ser compatible con el modelo editorial que el Grupo Latino de Radio y la Sociedad Española de Radiodifusión dicen seguir.

Escuchemos en voz de la misma Carmen su despedida de W Radio:

Por lo visto, ése modelo nada tiene que ver con el respeto a principios democráticos fundamentales como la libertad de expresión que ambos corporativos han exigido para sí y para con los hombres del poder a quienes suelen defender, ora en espots para capitalizar políticamente las catástrofes mal llamadas naturales, ora en autonombradas cumbres donde se creen con el poder de callar a quienes les resultan intolerables; porque eso de la "incompatibilidad" entre los modelos editoriales practicado por Aristegui y el dictado por los capos mediáticos de México y España no es sino un eufemismo, pues a decir verdad la también presentadora de Aristegui, en CNN en Español, no fue sino censurada por su labor informativa sin concesiones y por lo mismo crítica para con el poder y sus canalladas.

No podía ser de otra manera, Carmen Aristegui se había convertido en una voz incómoda para los poderes fácticos que en diciembre de 2006 sentaron a despachar en Palacio Nacional a Felipe Franco Pinochet por vía de un fraude electoral de escandalosas proporciones, al mismo tiempo que se había ganado el reconocimiento público de amplios sectores progresistas de la población; así que mantenerla al frente del noticiero con más audiciencia durante la mañana era una contradicción que los consorcios en cuestión tarde o temprano resolverían de la única manera que podían hacerlo: echándola. El despido de Aristegui fue, pues, parafraseando a García Márquez, la crónica de una destitución anunciada.

En julio de 2007, a unos días de que Grupo Monitor por conducto de su dueño, el periodista José Gutiérrez Vivó, anunciara el fin de sus transmisiones por radio, una mujer nos preguntó a Lalo “El Guajolote” y a mí si algo le había pasado a Carmen Aristegui, porque la habíamos mencionado en una plática sobre censura a medios de comunicación; dijimos que no, pero que poco faltaba. La frase no era, por supuesto, resultado de alguna suerte de poderes oraculares, respondía a lo obvio: si Gutiérrez Vivó, siendo un colaborador del régimen, había sido castigado cortándole la publicidad gubernamental; Aristegui, que desde siempre ha destacado como una voz a contracorriente de los deseos de quienes mandan mandando en este país, no podía esperar sino un destino parecido.

¿Acaso podíamos creer que los señores del poder y del dinero perdonarían a Carmen haber detenido la pesadilla que Lydia Cacho padeció en manos de las autoridades de Puebla y Quintana Roo, aliadas con redes de pederastas, y puesto en tela de juicio la impúdica decisión de la Suprema Corte de [in]Justicia de la Nación al exonerar al gobernador Mario Marín en el caso de secuestro y tortura en contra de la misma Lydia Cacho? ¿Acaso podíamos esperarlo tras haber puesto en evidencia una de las muchas piezas del fraude electoral, desenmascarando al cuñado de Felipe Franco Pinochet controlando el padrón? ¿Era posible luego de haber dado cobertura al “presunto” asesinato de doña Ernestina Ascencio por militares del Ejército federal, a contrapelo de las estúpidas declaraciones del ombusman nacional y el pelele que reside en Los Pinos? Claro que no. Con Aristegui, el poder nos vuelve a aplicar la misma dotación que nos recetara con Cacho: la de una burla largamente augurada a la que a lo mucho llegamos a contraponer una que otra protesta desangelada o una raquítica lista de inútiles firmas. Estamos dejando a nuestras periodistas, que lo son no porque nos pertenezcan, sino porque han decidido prestarnos su voz para que se escuche la palabra nuestra, solas.

Podríamos estar defendiendo los espacios con que ya contamos y construyendo otros nuevos de tipo alternativo, tejiendo redes de información tan amplias y complejas que el poder que de arriba viene no pueda desbaratarlas; estamos en posibilidad de exigir a los medios que ya han abierto sus puertas a no cerrarlas, vigilando de cerca su actuar y señalando sin cortapisas cuando intencional o accidentalmente acallen una voz disidente; estamos obligados, obligadas, a demandar que institutos gubernamentales u oficiales de radio, televisión o prensa escrita (si los hubiera) se conviertan en organismos autónomos bajo conducción y vigilancia de la sociedad civil.

Al mismo tiempo que clausuramos simbólicamente las instalaciones de tal o cual empresa de medios podemos presionar a sus corporativos para que brinden información completa, veraz y oportuna en tanto ciudadanos; pero, también, en tanto consumidoras y consumidores, podemos castigarlos apagando nuestros televisores y aparatos de radio, cambiando de canal y dial o dejando de comprar sus publicaciones. Convirtieron el derecho a la información en una mercancía, pegúemosles, pues, en lo que más les duele boicoteando sus mercados.

Es lo menos que podemos hacer para defender a Carmen y a Lydia y, en ellas, al derecho irrenunciable que tenemos de ser informados con respeto a nuestra inteligencia, sensibilidad y diversidad cultural; se trata de una deuda doble: se lo debemos a quienes como ellas lucharon, luchan y lucharán por hacer de este país un lugar menos injusto, y nos lo debemos a nosotras y a nosotros mismos. No nos conformemos con el menos esfuerzo, digamos, como María Victoria Llamas, que por nosotros, que por nosotras, no quede.